viernes, 22 de febrero de 2019

ARTÍCULO; Ley 66-97,legisladores y legislados.

El Plan estratégico 2017–2020 del MINERD profesa en su presentación que: Educar para la vida y para el desarrollo sostenible es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de hacer frente a los graves problemas nacionales y globales relacionados con la pobreza, la exclusión, la desigualdad social y el deterioro ambiental. Y además que es prioridad educar para orientar el desarrollo nacional, promoviendo la formación de sujetos democráticos con capacidad para  transformar  e innovar aspectos relevantes de su realidad económica, política, social y cultural; con las competencias para que nuestros jóvenes actúen con responsabilidad ante las nuevas exigencias éticas que reclama la sociedad dominicana.

Si analizamos estos enunciados y los contrastamos con la expresión del gurú de educación,  J. Delors 1997, que dice”La globalización en el ámbito educativo presenta algunos retos y desafíos para las presentes y futuras generaciones, por lo que, es urgente, hacer algunas reflexiones en torno a esta situación”.  En este documento él explica con lujo de detalles los retos de los sistemas educativos del mundo. Y si vemos que para esta época se estaba trabajando con el marco que regula hoy día nuestro sistema educativo, Ley 66-97, es lamentable que hoy 20 años después sea  que se esté hablando de los grandes desafíos de la educación. 

Estos retos ya estaban al doblar de la esquina. Pues resulta que  en 1997, ya era evidente la transformación exponencial de la tecnología, y  la generación Z debió encontrar un marco regulador, abierto, flexible y contextualizado con la aldea global en que vivirían. Asimismo ya eran evidentes los bloques comerciales,  existía técnicamente la Unión Europea, entre otros temas más de carácter de desmontes fronterizos, y ver como nuestros legisladores se quedaron cortos o muy cortos en la redacción de esta ley, a todas luces resulta inaceptable.  Ya que no pudieron observar que nuestros jóvenes serian ciudadanos del mundo, que las tendencias del multiculturalismo y el bilingüismo, debieron ser temas obligados de nuestra legislación educativa. 

Cuando vemos este marco legal de cara a los docentes, y los legisladores no tomar en cuenta la longevidad promedio de nuestro país para este documento, es evidente que nuestros congresistas y asesores en esta materia, carecían de sentido crítico. Se establecería  una jubilación a los 35 años de servicios ininterrumpidos o una combinación de 85 años.  En efecto este articulado de dicha ley es una aseveración inhumana. Entre otros aspectos relevantes, como la edad máxima para optar por jubilación o pensión del docente. Ver Art. 174. de esta ley. –¨ Los docentes y empleados que ingresaren al sistema educativo con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, para acceder al Fondo de Pensiones y Jubilaciones deberán demostrar con los documentos legales correspondientes, que su edad no pasa de 40 años, a menos que haya servido en otra función pública por 10 o más años¨. Todos estos puntos son errores, diría que grave de acuerdo a la OIT,  ver LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO, en el articulado IV. Los Convenios 102 (norma mínima) y 128 (prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia) 
Si sometemos nuestra regulación a la prueba de fuego,  de cara a una educación de calidad y de clase mundial como apuesta el Convenio Andrés Bello, ahí estamos ante una legislación totalmente desfasada. Hoy todos los países insertados en el mundo globalizado hablan de un Marco Nacional de Calificación (MNC RD), y no fue sino hasta el 2015 que esta figura, que aun mencionada por nuestra legislación, fue puesta en la mesa de la llamada educación de calidad, pero sin una obligatoriedad para su implementación por parte de nuestro código legislativo. Lo que ha traído como consecuencia que nuestro sistema aun en pleno siglo XXI, presente grandes debilidades de cara a una educación, pertinente acorde a los nuevos tiempos.

Después de dar un paseo crítico por la legislación educativa de Republica Dominicana, es evidente, necesario e impostergable abocarse a una modificación de esta ley, claro de forma seria, responsable y con una visión que permita adecuar nuestro sistema,  de manera tal que guíe una preparación de nuestros jóvenes y adolescentes con las competencias, habilidades y destrezas para enfrentar el porvenir desde cualquier ángulo. Haciendo de nuestros jóvenes seres humanos sensibles, críticos, altruistas, capaces de auto instruirse, con rasgos culturales globales. ! Ciudadanos del Mundo!     

Grupo II, Las Matas de Farfán, Máster Planificación y Gestión de Centro (UCSD) 

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